CONDENADO ANTES DE SER JUZGADO. EL CASO GAZTELUETA (5)

Recientemente recibí una comunicación de la Secretaría de Estado Vaticana en la que se me informaba de que no podría entrevistarme con el Santo Padre y de que al terminar el proceso canónico que se me ha abierto —que desde mi punto de vista y el de muchos expertos en derecho es injusto y arbitrario—, se estudiaría esa posibilidad.

Ante la imposibilidad de llegar al Santo Padre, hago pública la carta que le he escrito porque estoy convencido de que, una vez que le llegue mi voz, comprenderá la sinceridad y urgencia de los argumentos que expongo. En la carta expongo mi principal preocupación estas semanas; al parecer, quienes impulsan este proceso están pensando ya en mi posible sentencia: la expulsión del Opus Dei.

Esta es la carta que he enviado al Santo Padre:

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Beatísimo Padre:

            Soy José María Martínez, exprofesor del colegio Gaztelueta, situado cerca de Bilbao (España). Le envió esta carta abierta ante la imposibilidad de entrevistarme con usted tras dos peticiones por escrito. Estoy convencido de que, si le llega este mensaje, atenderá mi ruego.

           

 Como sabe, en 2015 fui objeto de una exhaustiva investigación canónica por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe –absolutamente excepcional, porque el derecho de la Iglesia no contempla esa actuación en relación con los fieles laicos–, que concluyó afirmando mi inocencia en un caso de supuestos abusos sexuales a Juan Cuatrecasas. La resolución, firmada por el cardenal Luis F. Ladaria SJ, entonces secretario de la Congregación, decía textualmente:

“Teniendo en cuenta que los delitos investigados no han sido probados, en consecuencia se debe restablecer el buen nombre y la fama del acusado, sin que proceda adoptar ulteriormente ninguna otra medida con relación a la citada persona”.

            Después se inició un proceso civil con dos sentencias muy distintas: la primera, de la Audiencia Provincial de Bizkaia, me condenó a once años de cárcel. La segunda, del Tribunal Supremo español, que no tuvo acceso más que a la documentación del caso y a la sentencia previa, a dos; esta rectificación tan llamativa como excepcional impidió que fuera a prisión por unos hechos que no había cometido.

            Posteriormente, en agosto de 2022 se inició un nuevo proceso canónico contra mí por alguna razón que desconozco. La tesis más probable —por lo que he oído a unos y a otros— es que, en la preparación de un programa de televisión en el que participaron usted, Jordi Évole, Juan Cuatrecasas y varios jóvenes más, a usted le conmovió el testimonio –conmovedor, pero falso– de su interlocutor y decidió abrir de nuevo el proceso. Comenzó entonces un itinerario —entiendo que guiado por sus asesores en derecho canónico— con patentes irregularidades jurídicas, contrarias a los más elementales derechos humanos: aplicación retroactiva de una ley penal, filtraciones a la prensa previas a las comunicaciones oficiales, o el hecho de que quien abre el proceso recibe a una de las partes y no a la otra, por citar sólo algunas.

            Acabo de recibir una comunicación de la Secretaría de Estado del Vaticano en la que se me informa de que no consideran oportuno que hable con usted, algo que solicité por carta hace unos meses. No entiendo por qué a la otra parte se la recibe y se la escucha y yo no tengo ese derecho; por qué no puedo defenderme en igualdad de condiciones. Le escribo esta carta porque estoy seguro de que una injusticia tan grande no le puede dejar indiferente (si realmente estas líneas llegan a su conocimiento).

            He dicho y siempre diré que soy inocente. Así lo han testimoniado también diversas personas de indudable honradez, tanto del ámbito civil como del eclesial. Me he defendido, he presentado recursos canónicos que solo se han respondido parcialmente (o no se han respondido) y desde la Signatura Apostólica en Roma se ha destituido a mis abogados, en los que vengo confiando plenamente desde hace mucho tiempo… ¡y después de que los aceptara el delegado papal, don José Antonio Satué al inicio del procedimiento! Ahora el delegado me ha citado para, según dice, retomar el proceso. Me cuesta comprender por qué —hasta donde yo sé— soy el único fiel laico del mundo al que la Iglesia juzga retroactivamente por un caso de abusos. Querría saber si voy a seguir siendo el único.

            Me hubiese gustado decirle esto de palabra, pero no ha sido posible. No me fío de que las personas que le asesoran en esta cuestión le hagan llegar mi carta, porque lo que hasta ahora he visto de su comportamiento refleja una completa parcialidad a la vez que una evidente falta de valentía, pero no quiero dejar de intentarlo. Espero que alguna persona cercana y leal a usted y con verdadero amor a la Iglesia le muestre este escrito mío, y le ayude así a evitar una injusticia tan descomunal.

            No me queda más remedio que recurrir de este modo a su Santidad después de denunciar que el delegado es parcial, y de que eso no parezca importar a quienes manejan los hilos del proceso. De hecho, la última noticia que me ha llegado por diversas fuentes y que veo refrendada por la última comunicación de la Signatura Apostólica a través de su delegado, es demoledora: ¡antes de que comience el juicio ya se conoce la pena que me quieren imponer quienes están impulsando más directamente este caso! Por diversos cauces que otras veces han acertado me ha llegado que se va a proponer que yo sea expulsado del Opus Dei y que Juan Cuatrecasas sea indemnizado con una elevada suma de dinero.

            ¿Comprende, santo Padre, que no entienda nada, que esté infinitamente decepcionado e indignado ante tantas injusticias y arbitrariedades? ¿Comprende la necesidad que tengo de hablar con usted? ¿Por qué no tengo yo los mismos derechos que la otra parte? ¿Por qué estoy condenado antes de comenzar el proceso? Insisto en que, como laico, no debería ser juzgado por las instancias eclesiásticas que lo están haciendo pero, además, le suplico que alguien me explique por qué yo –que no he cometido ningún delito– voy a ser expulsado del Opus Dei mientras que tantos otros católicos, culpables, con abusos a decenas de niños, no son obligados a abandonar sus diócesis o las instituciones a las que pertenecen.

            Permítame que le diga, Santo Padre, que desde el principio de su pontificado he seguido con atención sus escritos y su ejemplo. Me conmovió su primer viaje a Lampedusa para mostrar su afecto a los inmigrantes. Me atraen mucho sus mensajes de misericordia y comprensión, su afán por hacer llegar el mensaje de Jesucristo a todas las gentes. He rezado y rezo por usted. En este momento tan duro para mí, acudo al Espíritu Santo para que le ilumine. Solo usted puede parar este despropósito y decidir con verdadera imparcialidad.

El "Caso Gaztelueta" (4)

 

Respuesta de Roma que avergonzaría a cualquier jurista

Acabo de leer una comunicación del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica —Tribunal Supremo y Ministerio de justicia de la Iglesia— en la que se trasmite que, aunque mis abogados fueron reconocidos por el Juez, ahora ya no lo son. Tampoco se aceptan las cuatro peticiones que presenté: recusación del juez de esta causa, revocación del decreto de la Sede Apostólica, petición de inhibición de la Sede Apostólica en este proceso y que se nos entregue la investigación previa. Esta comunicación llega tarde y mal.

Llega tarde porque un periodista ya se había puesto en contacto conmigo para comentarla y es que parece que todo lo que ocurre en Roma carece de discreción, se sabe todo antes de que llegue al interesado. Llega mal porque, la comunicación que han recibido mis abogados está dirigida a la “Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei”—en castellano: Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei—, que no es causa ni parte en este proceso. A mí, directamente, no me ha llegado. Sorprendente.

La respuesta me produce tanto perplejidad como desasosiego. Aún más desasosiego al conocer que ha sido redactada por una sección de la Signatura Apostólica de la que forma parte su Excª. Rvª. don Juan José Omella, Cardenal arzobispo de Barcelona, que ha demostrado su parcialidad en el caso. Sé, y varios medios lo han destacado estos años, que desde el año 2015 ha escuchado y amparado a la acusación, a la familia Cuatrecasas. No puedo entender que forme parte de este despropósito, de este procedimiento en que se ha anulado principio de irretroactividad de la ley penal. Me han despojado de un derecho que ni siquiera se le conculca a un criminal de guerra.

Lo que es más grave, se ha anulado este sagrado principio “ad casum”, solo y únicamente en mi caso. No creo que exista ningún abogado ni tribunal en España o en Europa, que se atreviera defender este atropello como justo.

Tengo varias dudas. Quizá la Signatura Apostólica me las pueda aclarar. Supongo que, si se me está aplicando este procedimiento a mí, es porque se va a aplicar, retroactivamente también, a todos los laicos católicos, vivos y muertos, a los que en algún momento alguien haya acusado de hechos similares. ¿Se va a aplicar a todos ellos este modo de proceder? ¿O solo se me aplica a mí “ad casum”, por alguna razón que se me escapa?

No comprendo que la comunicación, llamada decreto, no esté firmada por tres jueces como debería ser lo propio. En los países civilizados los jueces, o quienes toman una decisión sobre los derechos de las personas, firman sus resoluciones, no se ocultan detrás de la simple mención de su cargo.

No comprendo que el Tribunal asevere que el Romano Pontífice no pueda ser recusado —algo que además mis abogados no pedían: solicitaban su inhibición, que se hiciera a un lado en el caso— porque “goza de la potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata y universal sobre la Iglesia, la cual ejerce libremente”. Y es que ejercerla libremente no significa ejercerla contra el derecho canónico ni el derecho natural, contra las leyes que se ha dado a sí misma, aplicándolas con carácter retroactivo, poniéndose por encima de esas normas. La potestad puede ser suprema, pero no es absoluta. Todos estamos sujetos a la ley.

No comprendo cómo se puede retorcer tanto la realidad para negar que el delegado encargado de juzgar la causa perdió la imparcialidad al escribirme por carta las siguientes palabras: “Como hermano en la fe, me permito recomendarle con todo respeto que si, por las circunstancias que fuesen, usted hubiera defendido su inocencia de manera incierta, contemple este procedimiento como una oportunidad para reconocer la verdad y pedir perdón al sr. Juan… y a su familia”. No sé cómo su Exc.ª Rma. don José Antonio Satué, obispo de Teruel-Albarracín, delegado de la causa, pudo llegar a esa conclusión.

No comprendo cómo puedo llegar a saber si se dan elementos nuevos que justifiquen reabrir un proceso ya cerrado, si no conozco el contenido de la investigación previa, que no me dejan ver.

No comprendo cómo, en una primera instancia, se acepta a mis abogados, pero se los destituye después.

No comprendo el desmesurado empeño del Cardenal Arzobispo de Barcelona y quizá de otras personas por juzgar por la vía canónica —reservada a sacerdotes y religiosos— a un laico —a uno en particular—, por un delito que, por muy execrable que fuera, ya está juzgado y cerrado en España.

Me enfrento a un proceso sin regulación, en el que la defensa es imposible porque se ha establecido un procedimiento para que, de hecho, no lo sea: se recusa a mis abogados — que llevan muchos años de ejercicio profesional — declarándoles incompetentes para mi defensa después de haberlos aceptado; se me impone un abogado de oficio ya que, de hecho, no me quedará otro remedio que aceptar el que quieran; se callan cuando se les dice que están aplicando una ley penal con carácter retroactivo, lo que es completamente contrario a todo Derecho Sancionador. Tristemente, todo se disfraza de legalidad pero es autoritarismo e imposición.

Esta impresión de ilegalidad y ensañamiento no solo la tengo yo; me la han manifestado, con mayor o menor indignación, muchas personas tanto del ámbito de las leyes o de la cultura, como personas con simple sentido común, creyentes y no creyentes. Todo esto me lleva a pensar que cualquier jurista quedaría apenado y desconcertado al conocer su falta de rigor e independencia.

Que nadie lo dude. Voy a seguir peleando porque soy inocente, porque estoy siendo juzgado de una manera injusta y muy dolorosa, porque vale la pena, porque no me da la gana que me pisoteen abusando de su posición. Por todo esto, responderemos al documento de la Signatura, e iremos hasta la Corte Europea de Derechos Humanos si es necesario, porque de lo que estamos hablando aquí es de eso: de los derechos más elementales de cualquier persona.

EL "CASO GAZTELUETA" (3)

 

Falsos abusos vs. inocencia

El pasado 30 de abril leí una noticia publicada en XL Semanal sobre un terrible caso de falsos abusos a menores en Italia durante la década de los noventa, y que la prensa bautizó como “Los diablos de la Baja Módena”. Fátima Uribari —la periodista que firma el artículo—, hablando sobre la investigación escribe: Las declaraciones de los niños “llevaron a prisión a varias familias. Fue un caso impactante: un grupo de adultos violaba, torturaba e incluso obligaba a los chiquillos a apuñalar hasta la muerte a otros (…) Y todo eso era mentira. Y nada de eso sucedió. Y todos los acusados eran absolutamente inocentes. Y cinco de esos adultos murieron mientras sufrían esta espantosa pesadilla.

Leer el artículo me retrotrajo a vivencias dolorosas pues existen paralelismos entre ese caso y el mío: falsas acusaciones basadas en “falsas memorias”, juicios paralelos y presión social, víctimas inocentes acusadas y acosadas… El investigador del caso —Pablo Trincia, que lo ha publicado en un libro titulado Veneno— comenta que este es el caso que más le estremece de su carrera porque esa pesadilla le puede ocurrir a cualquiera. No puede estar más en lo cierto. En 2012, cuando por primera vez me acusaron de abusos yo me consideraba ese cualquiera: un profesor al que le ilusionaba su trabajo, que trataba de ayudar a sus alumnos, ajeno a la vida de los juzgados y portadas de los periódicos.

                                           

En el caso italiano la base de las acusaciones se construyó sobre las falsas memorias de unos menores, inducidas por profesionales que utilizaban la “técnica de revelación progresiva”, mediante múltiples y extenuantes entrevistas para la recuperación de los recuerdos.  “Falsas memorias” es un término que, pareciendo coloquial es, sin embargo, técnico. Las “falsas memorias” —como describe Elizabeth Loftus— son recuerdos que tiene una persona de eventos o experiencias que en realidad nunca ocurrieron. Estas memorias falsas pueden ser creadas y creídas por alguien como resultado de la sugestión, la manipulación o la influencia externa. En mi caso, los peritos que presenté —alguno con prestigio internacional— sostuvieron que el testimonio del único acusador, y única pieza de cargo, reunía los criterios para ser considerado una “falsa memoria”. No se valoró suficientemente su contundente peritaje.

Como ahora sabemos, ni los abusos ni las oscuras prácticas que motivaron la condena de los “perpetradores” italianos, ocurrieron. Sin embargo, sobre ellos recayó todo el peso de la ley, y de la injusticia, porque cuando la Justicia se desprende de la venda es, ciertamente, implacable con la espada. Tengo la esperanza de que, en algún momento, también, se conocerá la verdad sobre mi caso.

Y digo esperanza, porque en la terrible noticia publicada en XL Semanal Fátima Uribarri escribe: don Giorgio y Alfredo murieron de infarto (como acusados); Mónica y Adriana fallecieron de cáncer mientras cumplían condena; y Francesca se suicidó. Y todos eran inocentes. Hubo revisiones de los casos y absoluciones, pero llegaron tarde para ellos. Ahora, Marta y Darío reconocen que se inventaron las acusaciones: “En estos 20 años he tenido dudas. Ahora tengo certeza al cien por cien de haber inventado todo”, confiesa Marta. Sin embargo, otros de los acusadores siguen convencidos de que las aberraciones existieron.

Recientemente se ha hecho público en un medio digital un escrito de descargo sobre mi inocencia elaborado por varios juristas y en el que se aportan razones sólidas para cuestionar la veracidad de Juan y aseverar la mía. Decidí enviar ese documento –que es técnico y muy detallado– a las autoridades eclesiásticas. Es de lo poco que puedo hacer, junto a mi defensa jurídica.

Aunque no sé si en algún momento se conocerá la verdad sobre mi caso seguiré peleando en esa dirección. De momento, estas semanas me he encontrado con estos dos documentos –uno periodístico y otro jurídico– que espero que, al menos, sirvan para hacer recapacitar sobre cómo las versiones tomadas como verdaderas durante años, incluso por profesionales de la justicia, pueden ser erróneas.

EL "CASO GAZTELUETA" (2)

 

A propósito del documental de Évole

He visto parte del documental “Amen: Francisco responde”. Digo parte porque se me hizo insoportable. Sé que a muchos católicos les ha dejado perplejos.

Los expertos en marketing cuentan que, cuando un producto es malo, conviene hacer una campaña de publicidad agresiva para lograr el máximo impacto en poco tiempo, porque cuando corre la voz, ya no se puede engañar a nadie. Creo que es lo que ha pasado con este documental, y a tenor de las críticas que he leído incluso en medios como “El País”, parece que no me confundo.

Quizás sea loable que el Papa acepte participar en una encerrona donde nueve de los diez participantes se declaran no creyentes o viven de un modo contrario al mensaje cristiano. En el programa, el Papa intenta comprender a todos, pero la conversación resulta imposible: una chica le pide que entienda a los que defienden el aborto, una antigua monja le explica que es lesbiana y una joven madre le explica que es actriz porno. Todas esperan que el Papa alabe su comportamiento, porque de otro modo las defraudará. El programa es una manipulación desde el comienzo hasta el final. Por ejemplo, Évole presenta a la madre como un modelo de ternura. ¿De verdad piensa que esa hija tiene una madre ejemplar?

Curiosamente, la persona elegida entre todo el orbe para hablar de los abusos en la Iglesia es Juan Cuatrecasas. Desgraciadamente hay miles de casos de pederastia indiscutidos. Hay pederastas confesos. Muchos de ellos han delinquido infinidad de veces y durante mucho tiempo. Y aunque esto me parece una atrocidad, sin embargo, me llama la atención que el caso elegido sea el mío: yo he defendido mi inocencia desde el primer día. Repito que nadie nunca -salvo Juan- ha visto en mí la más mínima sombra de duda en mi comportamiento como profesor. Muchas personas sensatas han considerado que era inocente (lo cuento detalladamente en la entrada anterior de este blog). Diversos intereses son utilizados por Évole para montar el espectáculo, porque a Évole no le interesa un caso claro. Le interesa la polémica, el producto viral, la audiencia.

Se nos ha hecho creer que el Papa sigue muy de cerca este proceso. Sin embargo, cuando Juan comienza a hablar con él y le recuerda que le escribió, no le reconoce. Si no es capaz de reconocerle, ¿quién “empuja” el caso Cuatrecasas, para que parezca un empeño personal del Papa? ¿Por qué yo no puedo mantener una entrevista con el Santo Padre para contarle mi versión y estar en igualdad de condiciones? ¿Por qué se me despoja de los derechos más elementales como un juicio imparcial? El hecho de ser católico no implica que no tenga derechos. El Papa dice en el programa que el juicio se va a repetir porque la sentencia anterior fue “fofa”. ¿Cuántas veces se va a repetir? ¿Qué sentencia dejará de parecer fofa?

Llevo ya doce años con este tormento: los Cuatrecasas viviendo de una historia inventada y un grupo de eclesiásticos instrumentalizando mi caso para sus tejemanejes.

Después de ver y escuchar a Juan insisto en que miente. Miente cuando dice que seguí o sigo dando clase porque no me lo prohibieron (no doy clase desde hace doce años). Miente cuando dijo a los jueces de Bilbao que hubo un abuso y ahora me entero por mis abogados de que en una carta de 2023 escrita para la acusación eclesiástica ha descrito que esos supuestos hechos ocurrieron múltiples veces. Y claro, cómo no va a conmover al Papa en esa encerrona organizada por Évole.

                                          

Tampoco comprendo por qué Juan, que en el citado programa se declara no creyente, tenga tanto interés en las posibles sanciones dentro de la Iglesia católica. Yo respeto a los budistas y a los testigos de Jehová, pero sus sanciones internas no me interesan en absoluto. ¿No hay nadie que comprenda que lo único que quiere la familia Cuatrecasas es instrumentalizar al Papa para conseguir sus objetivos mediáticos y económicos?

Mientras tanto el proceso eclesiástico continúa. A mis abogados les convocaron el día 27 de marzo. Pidieron no comparecer porque para ellos el encuentro era contrario a derecho. Les comunicaron que daba igual que se presentasen o no; si no lo hacían, el procedimiento seguiría igualmente.

Así que, para mí, está claro que el proceso habría continuado con el único veredicto posible para ellos: culpable. ¿Alguien se cree que este es un proceso justo cuando se saltan a la torera las leyes más elementales? ¿Cuando solo se escucha a una parte? ¿Cuando el derecho de defensa en la práctica no existe? A mis abogados no les han dado el decreto del Papa para abrir el proceso; no les han dado la “nueva prueba” que presenta Juan; no les han entregado el anterior proceso para comprobar que la prueba es, realmente, nueva; no les han entregado la acusación; no les dan tiempo para preparar la defensa; no se les permite un peritaje a la acusación. Según el instructor, Mons. Satué, no se les entregan las pruebas porque “el procedimiento no se lo permite”. Pero sí les entregó algunas -porque sabía que mis abogados ya las tenían- aunque el procedimiento se lo impide.

Otra vez leo en la prensa, esta vez en “ABC,” el pasado 14 de marzo, que “José Antonio Satué, […] está pendiente de dictar sentencia, tras finalizar sus trabajos el mes pasado”. O sea, que ha finalizado “sus trabajos” sin haber atendido a la defensa… Que alguien me explique esto. ¿A alguien le queda alguna duda de la arbitrariedad de este proceso por más que se le intente revestir de “justo”?

No sé cómo dormirán tranquilas las conciencias de los que impulsan y participan en esta gran mentira. Quizá no están habituadas a la tortura y por eso no se dan cuenta de que la que practican. Un proceso que dura 12 años, con tantos juicios, con una despiadada exposición mediática y continuos prime time, donde no se respetan las garantías procesales, donde hay abuso de poder… es otro modo de ser verdugo y torturador.

EL "CASO GAZTELUETA" (1)

Hay historias que "pasan" y otras que "quedan". Esta es una de las últimas. Su autor la ha escrito y se encuentra en su blog.

Me llamo José María Martínez. Tengo 47 años. Muchas personas sólo me conocen porque soy el profesor condenado en el “caso Gaztelueta”. Hace unos meses me enteré de que la Iglesia había abierto un nuevo proceso canónico contra mí. En las últimas semanas algunos medios han dicho que seré sentenciado pronto. Me parece increíble porque yo no sé casi nada del proceso más extraño que he conocido. Desde 2008 he repetido que soy inocente, pero ahora voy a contar lo que he vivido desde entonces. Es mi forma de defenderme. Quizás el texto sea un poco largo, pero no quiero omitir ningún aspecto relevante. Quiero mostrar que quienes me han atacado no son dignos de confianza y que, en cambio, quienes me han apoyado han sido desacreditados sólo por el hecho de apoyarme.

Mi verdadera historia

Muchas personas me preguntan cómo he hecho para no caer enfermo y para no rendirme. Les he dicho la verdad: que he estado enfermo, porque he sufrido un cáncer, algunos piensan que provocado por la somatización de la injusticia que estoy sufriendo desde hace tanto tiempo. Creo que si no he caído en una depresión irreversible ha sido gracias a las personas que me quieren, a su cercanía y su afecto. Me duele especialmente el sufrimiento causado a mi familia.

Desde 2010 he afrontado un proceso administrativo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, una investigación del fiscal superior del País Vasco y uno penal que comenzó en Getxo, siguió en Bilbao y terminó en el Supremo de Madrid. Desde el primer momento fui condenado en el juicio mediático sin pruebas: siempre se ha tratado de la palabra de Juan Cuatrecasas contra la mía. Por desgracia, en estos casos parece que se invierte la carga de la prueba y eres tú quien tienes que demostrar tu inocencia. 

Juan Cuatrecasas tuvo mala salud desde pequeño. No lo digo yo sino el historial médico que desde el principio consta en la instrucción y que, después del juicio de Bilbao en 2018, que fue público, es conocido. En los cursos de primaria faltaba con frecuencia a clase por malestar general, dolores de cabeza, vómitos o tensión muscular. Su pediatra le recomendó tomar ansiolíticos con 10 años. Yo todavía no le conocía.

Fui tutor de Juan entre 2008 y 2010. Ese último año dejó Gaztelueta. Recuerdo que, cuando empecé a darle clase, faltó el primer día. Sus ausencias se repitieron en muchas ocasiones durante ese primer trimestre, hasta que el 1de diciembre le operaron de apendicitis. Al enterarme de que estaba en el Hospital de Cruces ingresado, organicé una visita acompañado de dos compañeros suyos. Creo que tanto él como la familia agradecieron el gesto y ahí comenzó lo que yo creía una relación cordial. De hecho, me invitaron a comer a su casa un par de veces.

Juan Cuatrecasas

Juan no suspendía, pero tampoco estaba entre los mejores estudiantes, como demandaban sus padres. Al terminar 2.º de ESO comunicaron que lo cambiaban de colegio porque deseaban reforzar su nivel de inglés. Durante los dos años en que fui su tutor, me esforcé en ayudar a Juan para que mejorara sus resultados. Esa dedicación la tuve también con los demás estudiantes, como han confirmado ellos, sus familias y mis compañeros profesores. Por esa dedicación desinteresada conservo el respeto y el agradecimiento de muchos alumnos y sus padres. Además, las personas que me han conocido y me han visto trabajar nunca se han creído las acusaciones.

Mis conversaciones con Juan y con los demás alumnos tenían lugar en un despacho situado entre varias aulas. Era un sitio muy transitado, donde se guardaban balones, el botiquín y objetos típicos para dar clase. Cerrábamos la puerta porque el ruido podía ser molesto, pero nunca con llave o pestillo. Me ha parecido increíble comprobar cómo ese despacho se convirtió en una especie de sala de torturas para los que, sin conocerlo, declararon en el juicio de Bilbao. En cambio, quienes habían estado allí, incluido el inspector del Gobierno Vasco, tenían muy claro y así lo declararon en la Audiencia, que ahí no podían haber tenido lugar los actos lamentables de los que se me acusó, porque era un lugar totalmente expuesto.

LAS PRIMERAS ACUSACIONES

Juan dejó Gaztelueta en 2010. Según un amigo suyo, no quiso irse del colegio: lo decidieron sus padres. De hecho, llegó a un nuevo centro y no le fue bien. Necesitó asistencia de los orientadores y se volvió a manifestar la misma ansiedad que en 1.º de ESO y en otros cursos. En junio de 2011 los padres de Juan acudieron a Gaztelueta para denunciar el acoso informático y otro previo, personal, durante los cursos 2008-2010, del cual, según manifestaron al subdirector del colegio, Imanol Goyarrola, creían que yo era el organizador. Hubo ocho acusados por la familia y la Fiscalía de Menores imputó a dos. También se puso todo en conocimiento del Departamento de Educación.

El hecho es que la Fiscalía y el juez zanjaron la denuncia con una reparación de los perpetradores: una redacción sobre el acoso. Sobre mí no dijeron nada. Los padres no aceptaron un encuentro de conciliación con los acusados ni una carta de disculpas de estos. Esa fue la primera acusación. Desde entonces las imputaciones que me han hecho han sido cada vez más graves.

Después de denunciar el acoso en Gaztelueta, la salud de Juan empeoró. A partir de entonces las acusaciones contra mí fueron subiendo y subiendo, hasta que en 2015 me acusaron de “inducirle a la autosodomización”. Sólo escribir esa palabra me da náuseas. En todo caso, la “bola de nieve” inventada creció hasta ese extremo.

EL ENTORNO FAMILIAR

Cuando fui acusado por la familia, desde el colegio hablaron conmigo formalmente para advertirme de la seriedad de la situación; yo defendí en 2011 lo que defiendo en 2023: que soy inocente. Me ofrecí a hablar con la familia para explicar mi versión, pero en la dirección del colegio me indicaron que no deseaban hablar conmigo. Esa fue la época de la que ahora dicen que si hubiéramos mostrado más cercanía todo lo demás no habría sido necesario. Es la misma época en la que, según ha explicado el colegio en algún momento del proceso, la familia grababa las conversaciones con el subdirector de Gaztelueta sin su conocimiento. Si alguien rompió la comunicación, esos fueron los padres de Juan. Es indignante que ahora digan lo contrario.

El matrimonio Cuatrecasas ha dicho sobre mí auténticas barbaridades: sobre todo, me ha deshumanizado al decir que he cometido todo lo que me atribuyen y que no tengo ni remordimiento ni vergüenza por no pedir perdón. No puedo pedir perdón porque mi inocencia no es negociable. Antes me llamaba la atención que ni se planteasen que podían estar equivocados. Ahora, ya no me sorprendo: su discurso se ha convertido en un modo de vida.

Los padres de Juan hablaron con él muchas veces sobre lo ocurrido, según sus propias declaraciones ante el juez de Bilbao. En esas conversaciones aseguran que fueron apareciendo los detalles que llevaron a mi condena.

Cuatrecasas padre

En esos años, dos personas influyeron de manera particular en la familia Cuatrecasas: la abogada Leticia de la Hoz y el psiquiatra Iñaki Viar. Leticia de la Hoz, según ella misma afirmó en una entrevista en La Nueva España el 6 de octubre de 2015, fue la que tuvo la idea de instrumentalizar al Papa para sus intereses en el caso: “Nos pareció que una carta al Papa podía ser un buen medio de denuncia”. Iñaki Viar, condenado en 1970 a veinte años de cárcel por pertenecer a ETA y colaborar en la colocación de una bomba sin víctimas, fue clave en el juicio de la Audiencia de Bilbao. Había tratado a Juan como médico y amigo de la familia y, a lo largo de varias sesiones, había podido conocer todo lo ocurrido. Ahí estaba yo, oyendo cómo una especie de gurú había logrado sacar “la verdad”. Pero, en realidad, nadie nunca ha aportado pruebas, sencillamente porque no las hay.

Llevo doce años haciéndome la pregunta de por qué me acusa Juan de unos hechos que no he cometido. Lo que afirma sólo sucedió en su cabeza. Me parece que esta desgracia no se debe a una sola causa. Por un lado, están sus problemas de salud; por otra parte, el bullying que le hicieron sus antiguos compañeros. Yo añadiría que los interrogatorios insistentes de unos y otros y la necesidad de encontrar una justificación a su fracaso académico y personal también le han hecho daño. El propio Juan ha afirmado públicamente que ha estado muy mal, que incluso ha tenido alucinaciones (Diario Vasco, 5/10/2018); y su padre explicó también en una entrevista en Radio Euskadi en enero de 2013 que no contó las cosas de un día para otro, sino que su mujer estuvo durante meses “tirando del hilo”. En cualquier caso, lo que puedo jurar es que yo soy inocente de lo que se me acusa.

                                                             

José María Martínez

EL TRIBUNAL SUPREMO CORRIGIÓ A LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Pasé seis días -entre el 4 y el 11 octubre de 2018- en la primera fila de una sala de la Audiencia de Bilbao. El juez Alfonso González Guija, presidente del tribunal, me declaró culpable. Yo hasta entonces confiaba en la justicia. Pensaba que nadie puede ser condenado sin pruebas.Y que, en mi caso, no había pruebas, porque no había delito. Pero estaba equivocado. Hay periodistas que no dicen la verdad. Hay políticos que no buscan el bien común. Hay profesores que no se preparan bien sus clases. Y hay jueces que condenan sin pruebas.

González Guija inició el juicio después de que yo hubiese sido condenado por la opinión pública. Una sentencia condenatoria sería muy bien recibida en los medios de comunicación. La absolución sería impopular. Se supone que un juez debe ser inmune a esas presiones.

Entre otros argumentos peregrinos, el tribunal consideró que, si los profesores y alumnos del colegio avalaban unánimemente mi inocencia, esa coincidencia mostraba que se habían puesto de acuerdo antes de acudir al juicio. Ciertamente, varios informes psicológicos indicaban que el relato de Juan Cuatrecasas era verosímil. Quizás él crea que aquello ocurrió, pero en todo caso sólo ocurrió en su cabeza. Tal vez esa versión de los hechos haya pasado a formar parte de “su verdad”. Juan sufrió un shock post-traumático. Eso quedó claro en el juicio de Bilbao. Lo que no quedó claro fue el motivo.

González Guija y los otros dos jueces me condenaron a once años de prisión, algo que superó lo que reclamaba la parte denunciante. El tribunal hizo lo fácil: ante la complejidad del caso, en vez de absolver por falta de pruebas, me condenaron y, además, con una pena ejemplar.

Alegué al Supremo. Durante casi dos años tuve que presentarme semanalmente en el juzgado para dar señales de vida y firmar un certificado. En esa época intenté convertir en rutina algo que odiaba y que me parecía propio de delincuentes. En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo dejó mi condena en dos años, por lo que no tuve que ingresar en prisión. Ese día lo recuerdo como especialmente agridulce. Por un lado, evité la cárcel pero, por otro, se me seguía declarando culpable de unos actos que no he cometido. Esa sensación, mezcla de alivio e impotencia, me acompaña todavía hoy. Según me explicó mi abogado y he oído a otros juristas, el Supremo rechazó las acusaciones más graves, entre otros motivos porque el razonamiento de la Audiencia de Bilbao vulneraba la presunción de inocencia. También me explicaron que el Supremo no entró a valorar la prueba que realizó la audiencia vizcaína en los hechos menos graves. En el fondo, lo que pienso es que no quisieron desautorizar completamente al tribunal de Bilbao.

Recurrí también al Constitucional, sabiendo que tenía pocas posibilidades de que mi caso fuera admitido a trámite. Pero no quería dejar de poner ningún medio para intentar defender mi inocencia. Fue “inadmitido”.

LAS INVESTIGACIONES ECLESIÁSTICAS

En enero de 2015, desde el Vaticano enviaron al sacerdote Silverio Nieto para que investigase la denuncia. En todo momento colaboré en lo que me solicitaron porque confiaba –como así fue– en que podría aclarar la falsedad de la denuncia. Nieto fue presentado por Religión Digital –la web que ha actuado como portavoz de la familia–, como el gran azote contra la pederastia eclesiástica en España. Era una persona implacable y de notable experiencia en estas situaciones. Ese diario digital escribió el 14 de octubre de 2015: “Silverio Nieto les sometió a un exhaustivo interrogatorio sobre el caso. Tanto al padre como al chaval. Un interrogatorio de dos horas y media. A fondo y sin piedad. Silverio preguntaba y Rafael Felipe [el notario] tomaba notas en su ordenador”. Al principio, la familia se quejó del excesivo rigor de las conversaciones con Nieto, según escribió Religión Digital. Luego, tras conocer su veredicto, afirmaron que el proceso había sido informal y muy poco consistente. Silverio Nieto cometió un “grave error”: concluyó que yo era inocente. A partir de ese momento se convirtió en un encubridor, un irresponsable y un corrupto.

                                                          

Obispo José A. Satué

El pasado mes de septiembre, a través de un responsable del Opus Dei, recibí la noticia de que la Santa Sede había ordenado un proceso canónico para “depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas”. Antes de que me llegara ninguna notificación oficial ni a mí ni a mis abogados, se publicó en los medios. La noticia es ya una sentencia de culpabilidad. El Papa ha escrito cartas a Juan –que su entorno ha filtrado a la prensa y se han publicado– en las que le dice que puede estar tranquilo, que va a comenzar una investigación, pero que no se preocupe, que él va a nombrar al tribunal, presidido por José Antonio Satué, obispo de Teruel, y que le mantendrá al corriente de los avances.

Al parecer, en el nuevo proceso me quieren aplicar una normativa eclesiástica aprobada con posterioridad a los supuestos hechos. Mis abogados han indicado al obispo de Teruel que el principio de retroactividad de la ley va en contra de los derechos humanos. También han señalado otras irregularidades jurídicas: por ejemplo, que la Iglesia aplique la legislación eclesiástica a un laico, que el Papa -que nombra al tribunal- reciba a una de las partes y no a la otra, o que yo me entere de sus decisiones por los medios. De hecho, hace una semana Religión Digital publicó que el Papa no me recibiría, a pesar de una petición que le envié por carta hace unos meses: yo hasta entonces no lo sabía. Satué ha indicado a mis abogados que el Papa es juez y legislador universal y que puede tomar las decisiones que quiera. Me parece que el Papa está muy mal asesorado y, hasta donde sé, tras hablar mis abogados con bastantes expertos, hay motivos para llevar este asunto antes los tribunales civiles y penales españoles e internacionales.

Estoy machacado por tanto atropello. He tenido que cambiar de trabajo y olvidar mi pasión de siempre: la educación. Me han destrozado la vida. Fui condenado injustamente y cumplí mi condena. Ahora, me gustaría que me dejaran en paz y que se haga justicia. Si para eso hay que ir a Roma o Estrasburgo, estoy dispuesto.

UN POCO DE BALANCE

Es bien conocido que los pederastas son depredadores insaciables. Cuando descubren a uno porque una víctima rompe su silencio enseguida otros se atreven a contar que ellos también fueron abusados por esa misma persona. Yo he dado clase en un colegio varios años a cientos de niños. Nunca, ni por asomo, en ningún caso nadie ha visto en mí un comportamiento impropio. Sólo Juan Cuatrecasas.

Un cúmulo de coincidencias desastrosas me han llevado a la situación en la que estoy: una familia que ha hecho de este caso su modo de vivir (el padre de Juan ha visto facilitado su camino hacia el Congreso español gracias a su hábil explotación victimista del caso); un juez de la Audiencia de Bilbao que  me condenó sin pruebas; un psiquiatra exmiembro de ETA que resultó clave en el juicio; un Papa mal asesorado que confía en quien no es digno de confianza (que conste que rezo por él cada día).

Todos los que de algún modo me han apoyado han quedado desacreditados, desde el juez Marchena, que fue el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, hasta el actual arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Peor suerte aún han tenido el Opus Dei como institución, el colegio Gaztelueta y Silverio Nieto. A todos ellos, por su integridad y su apoyo les estoy muy agradecido; también al actual obispo de Bilbao, Joseba Segura, quien me recibió y me escuchó con interés durante un larga conversación. Que después llamara a mi madre para mostrar cercanía por su sufrimiento todos estos años es un gesto que todavía recuerdo bien.

EL FUTURO

El 28 de noviembre de 2018 viajé en coche a Bilbao. Ese día me iban a comunicar si ingresaba o no en prisión. No sabía dónde iba a dormir esa noche y las siguientes. Llevaba preparada una bolsa con lo necesario. No sabía si iba a salir de la Audiencia por la puerta principal o por la de atrás, para subir a un furgón policial. Cinco años después tengo una sensación parecida. Estoy ante un proceso jurídico y mediático que no parece acabar nunca. El último capítulo -la reapertura del proceso eclesiástico- supone un claro abuso de poder. Estoy profundamente decepcionado por las arbitrariedades e injusticias que he sufrido.

Desde hace años he tenido que rehacer mi vida profesional. Pasé un par de años buscando trabajo y he acabado en un sector que no es el mío porque me temo que no tendré muchas oportunidades de elegir. Procuro mantenerme al margen de los medios. Mi familia, mis amigos y mis abogados me tienen al tanto de lo imprescindible. A mi familia procuro  protegerla de todo, porque no se merecen que les salpique nada de lo que me ha tocado a mí, aunque no resulta fácil conseguirlo.

Junto a todo este cúmulo de desgracias, decenas de personas me han escrito, me han llamado o me han hecho llegar su apoyo de muchos modos distintos. Aunque mi temperamento es más bien sobrio, reconozco que me he emocionado más pensando en la gente tan buena que he tenido alrededor que en la parte desagradable de todos estos años. Me ha llamado la atención la cantidad tan grande de personas que no me conocen de nada -sólo por los medios de comunicación- pero que me envían su apoyo porque me han visto sufrir injustamente.

Pienso que todo tiene sentido en los planes de Dios. El sufrimiento es un misterio pero, al final, los creyentes sabemos que de los grandes males Dios puede sacar grandes bienes. Yo no veo esos bienes por ningún lado, pero sigo confiando en Él.